RELIGIÓN Y POLÍTICA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS IDENTIDADES EN URUGUAY

Uruguay, así como México, construyó su respectivo estado-nación en base a un laicismo militante. En el caso de Uruguay el laicismo forma parte de la identidad nacional, producida desde la formación político-simbólica de la “religión civil” que construye la “nación laica”. En palabras de Nicolás Guigou (2000. 10) la nación laica: fue producida desde el Estado-Nación mediante la integración, obliteración, privatización y/o jerarquización de los otros producidos en tanto que otros (gauchos, mujeres, comunidades indígenas, comunidades afro, denominaciones religiosas, inmigrantes, etc.), es el resultado de la violencia simbólica (común, por otra parte, a cualquier proceso identitario) que al mismo tiempo crea, abortando, limitando o excluyendo, otras identidades posibles.

La separación institucional Iglesia-Estado en Uruguay se concreta formalmente el 1 de enero de 1919 con la entrada en vigencia de una nueva Constitución Nacional[1]. Dicho proceso fue caracterizado por fuertes enfrentamientos entre las élites que conducían la construcción del Uruguay del período llamado de la primera modernización y la Iglesia católica, proceso caracterizado por: La debilidad institucional de la Iglesia católica, el modelo inspirador de las élites dominantes y la importancia de la inmigración europea[2] como elementos intervinientes en la construcción social del país. (Ameigeiras. 2014. 99) De ahí que se dé un desplazamiento de las creencias y las instituciones religiosas desde la esfera pública a la privada, dando lugar a través del proceso de laicidad la sustitución de las religiones establecidas por la “religión civil”.

 En 1918, año de promulgación de la nueva Constitución, la historiografía registra la publicación del “Catecismo liberal para el pueblo”, publicación que asumía en su estructura el formato de los catecismos católicos y así se cubre la necesidad de un entramado moral laico que diera sustento cohesionador al proyecto modernizador de construcción del Estado uruguayo. (Ameigeiras. 20915. 101) En 1919 se estableció por ley el cambio de denominación oficial de algunos días festivos, como el 25 de diciembre “Navidad” por “Día de la familia”, el 6 de enero “Día de Reyes” por “Día de los niños”, o “Semana Santa” por “Semana de Turismo” (Da Costa. 2003. 58)

 Ante esta embestida la Iglesia inicia el proyecto de los “Congresos Católicos”. Como estrategia de reconquista de los espacios perdidos y sintiéndose víctima de la violación de sus legítimos derechos divinos y constitucionales, e intentando pasar a la ofensiva, se desarrolló en abril de 1889 el Primer Congreso Católico. Néstor Da Costa (2003. 55-61) nos informa sobre este Congreso: En este primó el tono de llamada a la lucha y la reconquista, renunciando a ser recluidos en la sacristía. Se definía el rol de la Unión Católica, creada en ese Congreso, como el de “organizar el elemento católico de la República, aunándolo en la defensa y propagación de los principios, instituciones e intereses de la comunidad, así como en la práctica y pública manifestación de sus creencias”. En 1932 los tres obispos del país definieron la necesidad de creación de la Acción Católica, adoptando directivas provenientes de Papa Pio XI, desarrollando una serie de actividades que desembocarían, dos años más tarde, en una Carta Pastoral de “Implantación de la Acción Católica en Uruguay”, junto a sus estatutos.

 Al parecer el clero católico no tuvo más opción que aceptar el proceso de laicidad del Estado uruguayo teniendo presente que la gran mayoría se autodenominan católicos (D Costa. 2003) aunque no tan practicantes. Esta situación está cambiando, como nos informa José Luis Pérez (2017. 49): En el caso de Uruguay, por ejemplo, los que no manifiestan afiliación religiosa ya superaron a los evangélicos y están a punto de superar a los católicos.

 Esto representa la verdadera imagen de la modernidad religiosa Latinoamericana: mayoritariamente tenemos estados formalmente laicos, no obstante en el sentimiento y representaciones la mayoría de los pueblos Latinoamericanos sostenemos la fe cristiana. En términos sintéticos: cabe la laicidad pluralista[3] del estado en nombre de la convivencia, pero no el secularismo como conciencia antireligiosa; sin negar que existe un proceso de secularidad más en el sentido de pérdida de poder de lo religioso institucional y de religión a la carta. 

 Hemos referido que Uruguay de la primera mitad del siglo XX pasa por un fuerte proceso de secularización a través de la ley de 1907 que permitía el divorcio, en 1906 se propuso quitar los crucifijos de los hospitales, en 1907 se suprimió toda referencia a Dios y a los evangelios en el juramento de los Parlamentarios. En 1909 se suprimió la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. La Comisión de Reforma Constitucional de la Cámara de Representantes se fundamenta extensamente la separación de la Iglesia y el Estado. En 1919[4] se estableció por ley el cambio de denominación oficial de algunos días festivos, como el 25 de diciembre “Navidad” por “Día de la familia”, el 6 de enero “Día de Reyes” por “Día de los niños”, o “Semana Santa” por “Semana de Turismo. (Un país sin población indígena y conformado por aluviones de inmigrantes, principalmente de Italia y España, que encontró en este proyecto su vía de integración (sociedad hiperintegradora) y conformación de su identidad colectiva)  (Da Costa. 2003. 56-58)

 Para Néstor Da Costa (2003. 48-56) Uruguay ha pasado por tres grandes etapas en el proceso de construcción del Estado laico.

 1.      La primera, que se refiere al proceso secularizador propiamente dicho, caracterizada por la pugna entre Iglesia y Estado y que se suele ubicar entre 1860 y 1919. En esta etapa el gobierno dictó el decreto de "secularización de los cementerios" (año 1861)  y la administración de los cementerios quedaba en manos de las autoridades civiles locales. En 1905 se presenta en el Parlamento un proyecto de ley de divorcio que fue convertido en ley en 1907, que incluyó también como causa para la disolución conyugal el mutuo consentimiento. En 1906 se dispuso la “remoción de los crucifijos” de los hospitales. Este hecho fue uno de los más significativos de este proceso y estuvo cargado de simbolismo, dando lugar a una célebre polémica en el Parlamento. En 1907 se suprimió toda referencia a Dios y a los evangelios en el juramento de los Parlamentarios. En 1909 se suprimió la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. La Comisión de Reforma Constitucional de la Cámara de Representantes fundamenta extensamente la separación de la Iglesia y el Estado. En 1919 se estableció por ley el cambio de denominación oficial de algunos días festivos, como el 25 de diciembre “Navidad” por “Día de la familia”, el 6 de enero “Día de Reyes” por “Día de los niños”, o “Semana Santa” por “Semana de Turismo”. Esto se da en un país sin población indígena y conformado por aluviones de inmigrantes, principalmente de Italia y España, que encontró en este proyecto su vía de integración (sociedad hiperintegradora) y conformación de su identidad colectiva)

2.      La segunda etapa caracterizada como la etapa del “gueto católico”, en la que la Iglesia Católica se repliega sobre sí misma (Tiempos del “gueto católico”, caracterizado por un alejamiento de los grandes temas sociales y de la política, una actitud de recelo y desconfianza ante lo que proviniera de fuera del espacio católico (p, 61), período que podemos situar entre 1920 y 1960.

3.      La tercera etapa implica un cambio en la ubicación social de la Iglesia y se da en conjunción con fenómenos de índole nacional y otros de carácter universal, al menos en Occidente, como la década del sesenta, el Concilio Vaticano II, entre otros.

 

LAICIDAD EN EL URUGUAY DEL SIGLO XXI.

Traeremos una síntesis del artículo de N. Da Costa titulado “La laicidad uruguaya” el cual aparece en el Archivo de Ciencias Sociales de Religión (2009. No. 146)[5]

 Un hecho nuevo en torno a la temática de la laicidad fue el discurso pronunciado por el Presidente de la República Dr. Tabaré Vázquez en julio de 2005, en el marco de la visita oficial que éste realizó a la sede de la Masonería. Dicho discurso se sitúa exactamente en el contexto de los desafíos del presente para la sociedad uruguaya, esto es, construir una laicidad más actual, que integre y no segregue, que reconozca y no oculte.

En dicha oportunidad el Presidente Vázquez distinguió laicidad de laicismo, refiriéndose a la laicidad como “un marco de relación en el que los ciudadanos podemos entendernos desde la diversidad pero en igualdad”, y afirmando que “la laicidad no es incompatible con la religión; simplemente no confunde lo secular y lo religioso”. Tres afirmaciones en su discurso profundizan dicha reflexión:

Se falta a la laicidad cuando se impone a la gente. Pero también se falta a la laicidad cuando se priva a la gente de acceder al conocimiento y a toda la información disponible.

La laicidad no es empujar por un solo camino y esconder otros. La laicidad es mostrar todos los caminos y poner a disposición del individuo los elementos para que opte libre y responsablemente por el que prefiera.

La laicidad no es la indiferencia del que no toma partido. La laicidad es asumir el compromiso de la igualdad en la diversidad.

La claridad del texto, así como el lugar elegido para el discurso, ponen de relieve una voluntad de avanzar en la consideración de una laicidad a la altura del siglo xxi.

Si bien el marco jurídico era amplio y su aplicación era efectiva, se notaba una clara sanción cultural a quienes profesaran públicamente su fe religiosa. Aunque esta matriz cultural se ha ido resquebrajando con el tiempo, subsiste aún en ciertas elites universitarias y de aparatos de gobierno, en un país con una pirámide de edades envejecida (el de más baja tasa de natalidad de América Latina), y en donde las elites ocupan espacios de poder hasta pasados los setenta años, lo que contribuye a que los cambios en términos de comportamiento religioso que han tenido lugar en la vida de la sociedad uruguaya sean prácticamente ignorados por dichos sectores.

En relación al tratamiento que reciben las Iglesias por parte del Estado, es preciso apuntar que no existe ningún tipo de tratamiento especial hacia ninguna religión, a diferencia de lo que ocurre en otros países de la región. Los sacerdotes no reciben ningún aporte económico por parte del Estado, como tampoco las iglesias. No existen capellanes militares ni estructuras que imbriquen en forma permanente a las autoridades eclesiásticas o a la Iglesia Católica con el poder institucional del Estado. Por otro lado, lo anterior no impide que algunos integrantes de la Iglesia Católica hayan participado en momentos específicos en asuntos de Estado. Como ejemplo cabe citar que unos años atrás algunos sacerdotes fueron convocados por la presidencia de la República para integrar una Comisión para la Paz que tuvo por objeto contribuir a esclarecer las desapariciones forzadas en tiempos de dictadura. En la mayoría de los casos, los sacerdotes convocados a esa comisión habían mantenido durante décadas una clara lucha antidictatorial y en defensa de los derechos humanos, por lo que la invitación no estaba relacionada con su rol de integrantes de una institución eclesiástica, sino con su compromiso con dichos asuntos.

 Si prestamos atención al sistema educativo uruguayo podemos decir que alrededor del 80% de la matrícula está situada en la educación estatal, que se define como laica, gratuita y obligatoria. El 20% restante de la matrícula se distribuye en instituciones de gestión privada, ya sean laicas o confesionales. Todas las instituciones educativas de gestión privada están exentas de algunos impuestos, y no hay diferencias en función de su confesionalidad o no confesionalidad. Por lo tanto, la educación religiosa no tiene ningún tipo de trato excepcional.

El desplazamiento de lo religioso a lo privado, la ausencia de apoyos o de financiamiento estatal han hecho que la construcción de la legitimidad social de las iglesias provenga de la sociedad civil, de la que son un integrante más. Su credibilidad o descrédito no dependen de su relación con el Estado, sino de su propia ganancia de credibilidad con la población.

Algunos sectores de ciertas iglesias, incluida la católica, han expresado un fuerte rechazo al proyecto, y han organizado campañas de difusión y de rechazo basados en sus convicciones. Por otra parte, las organizaciones que tienen una postura de total respaldo al proyecto hacen lo mismo, desarrollando estrategias de posicionamiento en el espacio público, así como campañas de difusión. Ambas posiciones se expresan desde la sociedad civil, y tienen por objeto sensibilizar a los legisladores respecto a su posición; sin embargo, el poder político actúa con plena independencia de las posiciones que provienen del espacio religioso. Luego de un largo trayecto, el Parlamento logró aprobar una ley de salud reproductiva que incluía la despenalización del aborto.

Pero más allá de estos asuntos, se habla también de “violación de la laicidad” cuando se consideran o introducen puntos de vista políticos partidarios en la educación. El concepto de laicidad se extiende, en Uruguay, a una neutralidad de lo estatal (confundido con lo público) ante lo religioso y lo político. Esta característica de inclusión de lo político en el mismo rango que lo religioso es algo poco común. Probablemente sólo sea posible porque el Estado uruguayo naciente a principios del siglo xx sacralizó la política, otorgándole una centralidad sustancial para la construcción de lo colectivo y transfiriéndole significaciones sacras.

 

CONCLUSIÓN

Dado que el concepto de laicidad no es algo fijo en el tiempo, la sociedad uruguaya necesitará redefinirlo colectivamente asumiendo su potencial inclusivo, sin prejuicios y con capacidad de dar cuenta de la diversidad como valor, aunque eso genere temor en los viejos sectores jacobinos. Asumir un concepto de laicidad actual, plural e inteligente es probablemente el mayor reto que respecto a estos asuntos tiene por delante el Uruguay. Resulta imprescindible para vivir en un mundo actual que ha dejado de ser homogéneo (si alguna vez lo fue), e implica reafirmar lo que los uruguayos han aceptado como valor: la diferenciación secular entre lo político y lo religioso, y la independencia recíproca entre el Estado y los grupos religiosos. También implica avanzar en la distinción de lo público, lo privado y lo estatal. La expresión pública de las diferentes formas de vivir y de creer forma parte del todo diverso del que se compone la sociedad uruguaya, lo que, lejos de parcializarla, permite reflejar su realidad compleja y diversa.

RECURSO: VIDEO PRESENTACIÓN LIBRO: ¿DE QUÉ LADO ESTA CRISTO? RELIGIÓN Y POLÍTCA EN EL URUGUAY DE LA GUERRA FRIA.

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[1] Para ampliar sobre los antecedentes que dieron lugar al proceso secularizador en Uruguay se puede consultar la obra de Néstor D Costa (2003) Religión y Sociedad en el Uruguay del Siglo XXI. Montevideo CLAEH, Centro UNESCO.

[2] Fue el caso francés el que sirvió de inspiración a las elites constructoras del Estado uruguayo a fines del siglo xix y comienzos del xx, época en que tuvo lugar en el Uruguay un fuerte enfrentamiento entre el naciente Estado uruguayo, que reclamaba para sí el control de diversos aspectos de la vida colectiva, y la Iglesia Católica, que administraba determinados espacios que hoy entendemos como propios del Estado. (Da Costa. 2009. 138 https://journals.openedition.org/assr/21270)

[3] Da Costa (2003. 167) aclara las tres posiciones fundamentales en torno a la idea de laicidad: La laicidad integralista puede ser definida como la posición más radical, casi negadora de lo religioso, que engloba un claro prejuicio antirreligioso y más fuertemente anticlerical, librando batallas para no admitir concesiones de ninguna especie a propuestas que tengan que ver con el mundo religioso, esbozando un cierto menosprecio por ese espacio social, utilizando muchas veces discursos y posturas que se dieron cien años atrás en otro Uruguay. La laicidad plural refiere a la posición que sostiene la necesidad y conveniencia de la separación de lo religioso y lo estatal, a la vez que se muestra abierta a considerar el fenómeno religioso como algo que no debe ser dejado de lado ni menospreciado sin que se llegue a una confesionalización de lo público. En tercer lugar, la no laicidad es la postura opuesta a la primera. Ve la laicidad como discriminación y negación de Dios, al identificarlo con la postura sostenida generalmente por alguna autoridad eclesiástica, y aboga por la incorporación de Dios al sistema educativo. Esta posición es sostenida por sectores religiosos de corte integralista.

[4] En 1918, año de promulgación de la nueva Constitución, la historiografía registra la publicación del “Catecismo liberal para el pueblo”, publicación que asumía en su estructura el formato de los catecismos católicos… La necesidad de un entramado moral laico que diera sustento cohesionador al proyecto modernizador de construcción del Estado uruguayo aparece con suma claridad. A fines del siglo XIX y comienzos del XX, la recolocación privatizadora del lugar de lo religioso y el correspondiente repliegue institucional de las Iglesias tradicionales, generaban la emergencia más o menos ambigua de un conjunto variable de “sustitutos laicos” de la religión. (Se critica al proceso laico, principalmente en tiempos del batllismo como Estado-Dios o Estadolatría). La construcción de una religión civil implicó también la ubicación de alguna figura fundante, un padre de la patria, el caso de Uruguay en torno a la figura de José Gervasio Artigas. Aparece así el Padre Nuestro Artigas, zona de concordia, centro de una religión cívica. El himno a Artigas que los uruguayos aprendimos en la escuela lo pone a la altura de un dios. (De Costa. 2003. 100- 105)

[5] https://journals.openedition.org/assr/21270?lang=en